Los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia, Extremadura, Andalucía y Cantabria han anunciado que recurrirán judicialmente contra la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez. Así lo adelantó el de Madrid la semana pasada.
Estos y otros ejecutivos de comunidades y ciudades autónomas que llevan meses pidiendo la convocatoria de este órgano multilateral de cooperación (14 de ellos lo hicieron de forma conjunta en noviembre de 2023 y en abril de este año) quieren debatir en él con el Gobierno central sobre asuntos como la inmigración, la financiación autonómica, la falta de médicos o la política del agua.
Estos anuncios coinciden con el debate en el Congreso sobre la toma en consideración de la propuesta de reforma de la ley de extranjería. Así, el PP ha pedido al Gobierno, entre otras cosas, que se reúna la Conferencia de Presidentes de forma "inmediata" para abordar este asunto. Esto es algo que el Gobierno no ve necesario puesto que este mismo lunes se celebró una conferencia sectorial especifica y el Partido Popular está en los ejecutivos con los que se ha abordado este asunto, entre ellos el de Canarias. Así lo ha señalado este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
El primer recurso
El pasado domingo, fuentes gubernamentales expresaron su disposición a negociar con el PP sus propuestas sobre la reforma de la Ley de Extranjería y admitieron que cuestiones como celebrar una Conferencia de Presidentes pueden tratarse y acordarse. La primera en anunciar un recurso fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado viernes comunicó que su Ejecutivo iniciará acciones legales contra el presidente del Gobierno "si no convoca inmediatamente" la Conferencia de Presidentes, ya que no se reúne desde marzo de 2022 pese a que su reglamento estipula al menos dos sesiones al año.
Este martes, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado también la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo para reclamar la convocatoria de la conferencia y ha mostrado su confianza en que si Sánchez no está dispuesto a cumplir el reglamento, "sean los jueces los que le obliguen a tener que escuchar a los presidentes de comunidades autónomas".
El Govern balear de Marga Prohens también ha informado de que la Abogacía de la Comunidad Autónoma interpondrá un recurso contencioso administrativo contra la "inactividad" de Pedro Sánchez, por incumplir su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos. En Castilla y León, por su parte, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado la presentación de otro recurso para que el presidente del Gobierno "cumpla con su obligación de convocar la Conferencia de Presidentes".
"Deslealtad institucional"
El Gobierno valenciano ha dicho igualmente que presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo en respuesta a la "negativa" del presidente del Gobierno a convocar la Conferencia de Presidentes, que entiende como una "deslealtad institucional". Así lo ha asegurado también Alfonso Rueda, de la Xunta de Galicia, para que el ejecutivo central deje de imponer de modo unilateral o de tratar bilateralmente con algunos territorios temas que afectan al conjunto de los ciudadanos.
También este martes, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno. "Si no han querido cumplir con el reglamento, lo tendrán que hacer porque se lo diga un juez", ha concluido. También se ha sumado Extremadura, para que Sánchez "cumpla con la obligación de convocar una Conferencia de Presidentes", según ha asegurado María Guardiola.
Al respecto, la presidenta del ejecutivo extremeño ha subrayado la "urgencia" de convocar esta conferencia para "debatir asuntos cruciales que no pueden seguir postergándose". Asimismo, la Junta de Extremadura ha insistido en que el principal objeto de este órgano es debatir sobre las directrices de las políticas públicas que afectan a las regiones, "algo que Pedro Sánchez ha obviado al no convocar la reunión ni en 2023 ni en 2024".
La última autonomía en sumarse ha sido Andalucía, cuyo presidente, Juanma Moreno, ha señalado que presentarán un recurso contra la "inactividad" del Gobierno central, ya que "hay problemas urgentes y no pueden aplazarse sin fecha por los intereses personales de Pedro Sánchez". La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, por su parte, ha avanzado que su Gobierno está trabajando en la presentación de otro recurso.
Comentarios